19/11/12 (Arg) A nivel empresarial, existe una creciente preocupación por el impacto que la pelea entre el gobierno delasotista y el kirchnerismo pueda tener en las estructuras públicas en manos del Estado nacional que tienen incidencia sobre la actividad económica local.
Si bien casi nadie –salvo puntuales excepciones– quiere abordar el tema en público para no producirle un desaire al propio José Manuel de la Sota y también para no quedar automáticamente en la mira del oficialismo nacional, el tema ya se habla abiertamente en las filas de la comunidad de negocios cordobesa.
La Nación controla ámbitos estratégicos con poder regulatorio o de policía. El principal es la delegación local de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y la Aduana, que forma parte de esa estructura. Pero la lista incluye otras reparticiones, como el Inta, el Senasa e incluso a la distancia, porque funciona en Buenos Aires, la poderosa Secretaría de Comercio de la Nación, que comanda Guillermo Moreno.
Moreno, ya es conocido, en su momento reconoció que le mandó la Afip a las 9 de la noche al domicilio particular del presidente de la Unión Industrial de Córdoba, Ercole Felippa, por críticas que este había deslizado a políticas nacionales. Es, en efecto, el personaje más temido del staff nacional.
También el Aeropuerto Córdoba está bajo jurisdicción de la Nación. Ya las obras de remodelación que allí se ejecutaban quedaron paralizadas hasta nuevo aviso del Orsna, el organismo que lo controla.
Es verdad que en buena parte del empresariado existe un acompañamiento a De la Sota. En parte por cierta “solidaridad” política, pero en gran medida también porque los ejecutivos ven que los grandes problemas de la economía argentina están lejos de encaminarse hacia una resolución. El primero de ellos, remanido ya, la inflación.
Murallas. El aislamiento internacional y las trabas regionales, por ejemplo con Brasil, es otro tema que incide en las empresas que van más allá del mercado interno. “No es sustentable en el tiempo crecer a la sombra de murallas que nos aíslen del mundo”, dijo el viernes el presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba, Norberto Delfino.
Sin dudas que el sector más expuesto de todos es el del comercio exterior. Apenas producido el episodio entre De la Sota y la ministra de Industria, Débora Giorgi – en el acto de Renault el miércoles pasado– circuló la versión de que la automotriz podría ser pasible de represalias por “haberse prestado”, según dicen, a la organización del acto que terminó en abucheos hacia la funcionaria nacional.
La versión de eventuales represalias parece un disparate. Cerrarle el grifo a la importación de piezas brasileñas para el armado de los vehículos en Santa Isabel (540 por día), al primero que golpea es al discurso industrialista del kirchnerismo. Parar esa planta derivaría en un conflicto y conseguiría un impacto público que rápidamente le daría la razón a De la Sota.
Pero lo cierto es que el caso Renault ya le hizo tomar precauciones a otras empresas que necesitan de una buena relación con los dos gobiernos. Con la Provincia, porque de ella depende la atención del suministro energético, entre otras cosas, y con la Nación, sobre todo por su poder regulador de las fronteras.
Compás de espera. Pruebas al canto de esa notificación precautoria: a pocas horas del escándalo protagonizado por Giorgi y De la Sota, Volkswagen decidió suspender la inauguración formal de la ampliación de su planta de cajas de transmisión en el Centro Industrial Córdoba, que había fijado para este mes.
Aunque se trataba de un acto político más que industrial, porque la planta ya está produciendo, para el corte de cintas se pensaba invitar al gobernador y a la Presidenta. Todo quedó en la nada hasta el año próximo. “Veremos cómo sigue la relación”, señaló un ejecutivo de la casa alemana.
Esa inversión de VW, financiada con créditos externos, permitió construir nuevas instalaciones de mecanizado y una nueva generación de hornos eléctricos de baja presión para el tratamiento térmico, en sustitución de los actuales basados en gas.
También se instaló una línea de montaje adicional para ampliar la producción de 3.500 unidades diarias a casi cinco mil. Por ahora, ningún político podrá sacar rédito de ello.
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