28/08/12 Los expendedores de combustible cuestionarán este miércoles ante la Justicia la constitucionalidad de la alícuota que tiene previsto crear la Legislatura provincial para gravar el consumo de combustibles y conformar un fondo que financie obras viales.
"Como cámara empresarial estamos estudiando la posibilidad de acudir a la Justicia, aunque no sabemos aún con certeza si tenemos legitimidad procesal para hacerlo (de forma colectiva)”, aseguró este martes a la tarde a la prensa el titular de la Federación de Expendedores de Combustibles de Córdoba, Raúl Castellano.
El dirigente dijo que "de lo que sí estamos seguros es de que algunos de nuestros asociados, propietarios de estaciones de servicio, ya decidieron que, si se sanciona mañana (miércoles) la ley, van a recurrir a la Justicia contra esta tasa que nos perjudica a todos”.
Desde las 0 de este martes, el personal agrupado en el Sindicato Petrolero de Córdoba (SEP) cumple, con un alto grado de acatamiento según informaron desde ese gremio, el paro de 24 horas que llevan adelante en las estaciones de servicio, en protesta por la tasa vial que impulsa el gobierno de José Manuel de la Sota.
"El paro tiene un alto acatamiento en la ciudad de Córdoba, y en el interior de la provincia el impacto también es importante", aseveró a Télam Guillermo Borelli, dirigente del SEP.
El proyecto oficial que será tratado este miércoles por la Legislatura prevé el cobro de una alícuota de 40 centavos por litro para la nafta y el gasoil "prémium"; de 30 centavos, para las naftas súper y común, así como para el gasoil común; y de aproximadamente 10 centavos por metro cúbico para el Gas Natural Comprimido (GNC).
La iniciativa, que fue aprobada la semana pasada en primera lectura, cuenta con el respaldo del oficialista bloque de Unión por Córdoba, mientras que es rechazado por radicales y por el Frente Cívico y Social, entre otros opositores.
En varias ocasiones, el titular del bloque de Unión por Córdoba, Sergio Busso, esgrimió que la iniciativa "tienen por fin gravar el uso de las ruta provinciales, que, para su mantenimiento y reparación, requieren un enorme esfuerzo de recursos".
"El aumento del turismo y de la actividad agropecuaria exigen un mayor esfuerzo presupuestario para mantener las rutas. Se calcula que, en virtud de esta tasa, ingresarán entre 400 y 500 millones de pesos al año, que serán afectados al mantenimeinto, reparación de las rutas provinciales", enfatizó Busso.
La doble lectura legislativa es necesaria porque, según el artículo 106 de la Constitución provincial, dicho requisito es necesario cuando se trate -entre otros- de proyectos (de ley) impositivos.
Fuente: telam
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